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Objetivos del Gobierno con la nueva Ley de transparencia

Como anunciábamos ayer desde el sitio web de Acal, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado, en su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, los objetivos del Gobierno con respecto a la futura ley de transparencia.

Tras destacar a la transparencia como uno de los ejes principales del proyecto de reformas del nuevo Gobierno, Sáenz de Santamaría ha afirmado que el proyecto de ley de transparencia será presentado "en este periodo de sesiones", y ha avanzado algunas cuestiones de su contenido: se impulsará la publicidad de oficio de la información pública; se creará un Portal Digital de la Transparencia, como "ventanilla única" para encauzar las solicitudes de información de los ciudadanos; y se establecerá una lista cerrada de restricciones al derecho de acceso de los ciudadanos.

Desde la Asociación de Archiveros de Castilla y León nos congratulamos por este anuncio y esperamos que la nueva ley tenga presente la importancia de los archivos y el impulso de una política de gestión documental para su efectividad, como han señalado distintos especialistas en los últimos tiempos y hemos recogido en este sitio web:

  • "Un Estado puede tener voluntad de aportar información, pero si no la tiene, por mala gestión de sus archivos o defectos en sus sistemas de producción y almacenamiento de decisiones, es imposible que cumpla con la Ley" (Manuel Villoria y Álvaro Ramírez-Alujas).
  • Es necesario "un nuevo modelo de gestión documental" para poder llevar a cabo de forma efectiva el acceso a la información pública a través de las TIC (Julián Valero)
Extraemos a continuación, las referencias a la futura ley de transparencia que realizó la Vicepresidenta del Gobierno en la citada comparecencia (24 de enero de 2012):

Las instituciones no pueden ser entes inaccesibles y opacos. [...] los gobiernos debemos actuar con transparencia. [...]

Resulta sorprendente que España sea uno de los pocos países de Europa, junto con Chipre, sin una legislación concreta sobre transparencia. Por eso, me he marcado como prioridad llevar al Consejo de Ministros una Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Y hoy les anuncio que la remitiremos a esta Cámara en este periodo de sesiones. Con ella, elevamos a rango de Ley un derecho de los ciudadanos, una obligación de las administraciones y, sobre todo, la responsabilidad de los gestores públicos.

En primer lugar, reconocemos el derecho de los ciudadanos a saber y conocer lo que sucede en la Administración. Y la obligación de la Administración de contárselo y enseñárselo. En este intercambio es dónde crece la confianza. Con esta Ley, por un lado, impulsaremos que la Administración haga pública cada vez más información, de oficio; es decir, sin que nadie la demande. Y, al mismo tiempo, estableceremos un procedimiento claro para que todos los ciudadanos puedan acceder a las informaciones que no estén publicadas.

Estas peticiones se gestionarán a través de un Portal Digital de la Transparencia, al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud y del que recibirán la información. Una verdadera ventanilla de información de la Administración General del Estado. Porque al ciudadano no se le puede dar un derecho, y luego hacerlo inalcanzable a base de complicaciones.

Existirán, lógicamente, limitaciones al acceso. Pero será una lista cerrada, que responderá únicamente a la protección de intereses superiores. Colectivos, como es el caso de la seguridad nacional, o individuales, como el derecho fundamental a la protección de datos. En definitiva, esta parte de la Ley pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a estar cada vez más informados por la Administración, y la obligación de la Administración a informarles cada vez mejor. Los ciudadanos conocerán más fácilmente, por ejemplo, a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una Cumbre Internacional, cuántos funcionarios trabajan en un Ministerio o en un Organismo Público o cuánto cobran los altos cargos.

Fotografía: EFE, enlazada desde el sitio web de La Moncloa

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