La justicia universal obliga a abrir archivos de dictaduras

La aplicación de la llamada "justicia universal" para evitar la impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos por los regímenes dictatoriales, está poniendo de actualidad los archivos y documentos de dichos regímenes y de sus aparatos represores.

El último Consejo de Ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó desclasificar la documentación existente en los archivos de la Embajada y Consulados españoles en Argentina, sobre los ciudadanos desaparecieron durante la dictadura militar que dirigió el país entre 1976 y 1983. La petición fue realizada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la muerte de al menos 576 españoles en los años de plomo del general Jorge Videla.

El Gobierno se ha comprometido a remitir a la Audiencia Nacional estos documentos, si bien ha instado a que se guarde "la máxima protección y reserva procesal posible", dada "la sensibilidad de la materia".

Ello se produce en el marco del procedimiento judicial que condujo -años atrás y en pieza separada- a la entrega a Argentina del excapitán de corbeta argentino Ricardo Miguel Cavallo, condenado por los delitos de detenciones ilegales, torturas, robos con violencia o intimidación y falsificación documental. Aquella investigación también fue la piedra angular de la acusación contra el exmilitar argentino Adolfo Scilingo, condenado a 640 años de cárcel en 2005 por los llamados 'vuelos de la muerte'.

Al mismo tiempo, la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría, ha solicitado al Gobierno español informes y documentos sobre la represión durante la dictadura franquista, los “nombres y últimos domicilios de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de la Falange” del periodo 1936-1977, así como los certificados de defunción de aquellos que hubiesen fallecido. También solicitó una lista de personas asesinadas, desaparecidas y torturadas, y de niños robados a sus familias. Por último, la juez requirió información sobre las fosas comunes halladas, los cuerpos de desaparecidos identificados y las empresas beneficiadas del trabajo esclavo de los presos republicanos.

Estas noticias coinciden con el anuncio de la mayor desclasificación de la Democracia que comentábamos días atrás, y permiten resaltar la importancia de los archivos en los procesos de reparación y recuperación de la memoria y defensa de los derechos humanos. La problemática del acceso a estos documentos en nuestro país -algunos de los cuales permanecen aún, a pesar de estos avances, clasificados- será abordada en el próximo Congreso de Archivos de Castilla y León.