Informe sobre el acceso a la información pública en América

El pasado 24 de octubre fue presentado un Informe sobre la situación del acceso a la información pública en los países de América, en el marco del 143º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo lugar en Washington D.C.

Dicho Informe (pdf) ha sido elaborado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, una red de organizaciones de 22 países del continente americano dedicadas a defender y promover la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

Blanca Lilia Ibarra Cadena, Presidenta de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (México), ha resumido las conclusiones del Informe que se refieren a la promoción del acceso a la información y a su implementación en los países de la región.

PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN

• Muchos países aún no cuentan con leyes de acceso a la información. Si bien en algunas naciones se ha avanzado con políticas de transparencia que se aplican sólo al poder ejecutivo, estos esfuerzos muestran serias limitaciones. El fracaso de esos intentos da cuenta de la imperiosa necesidad de que los países de las Américas que aún no cuentan con una ley de acceso a la información, construyan un marco legal en esa materia.
• Las organizaciones que participaron de este informe identificaron como principal causa de la falta de transparencia y obstáculos para el acceso a la información, a la cultura del secretismo que impregna a las estructuras estatales.
• Los procedimientos para poder acceder a la información en manos del Estado, en general, no suelen ser rápidos ni están diseñados de un modo que permita satisfacer el derecho fundamental al acceso a la información. Cuando esto ocurre, la única vía que queda es la judicial, que dista mucho de ser un mecanismo efectivo y veloz para acceder a la información pública.
• En los países que no cuentan con una ley pero tienen algún mecanismo infra legal de acceso a la información, las autoridades encargadas de aplicarlo carecen de autonomía e independencia, e incluso de capacidad de tomar decisiones que sean obligatorias para las demás dependencias del Estado. Ello hace que los funcionarios respondan como quieran y cuando quieran a las solicitudes de los ciudadanos.
• Como consecuencia de la falta de autoridades de aplicación independientes y autónomas, los países de la región que no cuentan con una ley de acceso a la información se ven enormemente afectados por el incumplimiento del Estado de sus obligaciones de transparencia activa
• En la mayoría de los países de la región que no cuentan con leyes de acceso a la información existen recursos judiciales que son relativamente efectivos para acceder a información cuando ésta es denegada o cuando –como es más usual— no se obtiene respuesta del Estado en un tiempo razonable.

IMPLEMENTACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

• Resulta clave garantizar la congruencia entre organismos, promover el derecho de acceso a la información, proporcionar la capacitación y desarrollar la capacidad requerida en los funcionarios públicos, así como realizar campañas para promover la conciencia pública y la comprensión del derecho.
• Los plazos y consecuencias en caso de no cumplir con la entrega de información pública están estipulados en las leyes de acceso a la información que permite incrementan las posibilidades de un efectivo ejercicio del derecho. Una revisión de los marcos legales de la región, en lo que hace a los procesos para solicitar información, permite concluir que en los países que han adoptado normativa de rango legal, la definición de información es amplia y, aún donde no existe regulación legal, las normas administrativas siguen criterios lo suficientemente amplios sobre lo que se considera información pública.
• Para señalar solo algunos patrones sobre el conflicto entre el derecho a la información pública y la protección de la privacidad, en la mayor parte de los países de la región, los sujetos obligados declaran confidencial información alegando la protección de datos personales, pero luego esas resoluciones fueron revocadas por los organismos de control y los tribunales judiciales.
• El estado de la transparencia activa es dispar en los países. En general la información sobre presupuesto, remuneraciones, gastos del Estado, estructura jerárquica detallada, informes anuales, etcétera, no se encuentran disponibles en formatos amigables para el público en la página web, incluso en algunos no se publica, cuando la información se encuentra disponible no necesariamente es de fácil acceso, pues presenta problemas en aspectos de lenguaje y reusabilidad.
• Los problemas que genera a los ciudadanos el tener que perseguir el cumplimiento del derecho, pueden derivar en una deslegitimación del instituto del acceso a la información pública. Hay un patrón que se repite en la región –a excepción de Chile y México- que tiene que ver con la debilidad, cuando no inexistencia, de órganos garantes capaces de hacer cumplir el derecho, cuando se requiere de una decisión coactiva, así como de diseminar directivas de transparencia.
• Las normas de acceso a la información existentes tienden a ser débiles en la promoción del derecho. La promoción puede tomar diversas formas dependiendo del público y de los posibles usos que harán del mismo, pero nunca se debe perder de vista que el objetivo primero es que sea conocido y las personas se apropien del mismo.

Estas cuestiones habrán de ser tenidas en cuenta en España, en un momento preelectoral en el que las principales fuerzas políticas apuestas por una Ley de acceso a la información pública, y que será uno de los principales ejes del Congreso de Archivos de Castilla y León de mayo de 2012.

Fotografía: Editorial report, por David Hayes (via openDemocracy, en Flickr).